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Constitución políticas: crisis y cambio social

Pese a su origen ampliamente reprochado, no democrático, la Constitución peruana de 1993 sigue vigente. El sentimiento constitucional por su reforma o cambio total ha arraigado en parte importante de la Academia, pero éste parece no existir profusamente en la ciudadanía. Esta situación contradictoria toma nuevas características en medio de la crisis en las alturas del poder político, protagonizada por la aguda confrontación entre el Parlamento y el Ejecutivo, que da cuenta de las limitaciones del actual diseño constitucional. Mientras tanto, la mayor parte de la ciudadanía parece no interesarse de manera activa en esa confrontación. Sin embargo, el entramado político, los poderes del Estado, incluyendo al Judicial y los niveles de gobierno descentralizado, son percibidos de manera devaluada, deslegitimada, con amplia desaprobación y crítica. Existe un malestar con el Estado, una crisis social que podría importar un cambio político importante, tal vez estructural. Sin embargo, esta contrariedad no es general. Un sector explica la crisis como una coyuntura normal capaz de ser administrada con los esquemas y mecanismos de la Constitución vigente y ensalza las bondades de su modelo económico. Otra parte de la Academia y la política ha propuesto un cambio constitucional, un retorno a la Constitución de 1979, o una nueva constitución a tono con el nuevo constitucionalismo latinoamericano. En las últimas dos décadas las constituciones de América Latina han sido generosas en la afirmación de derechos fundamentales. Pero, junto con este lucimiento, han coexistido graves violaciones de esos mismos derechos, una realidad social en crisis, pobreza, desempleo, privación (o deterioro) de la protección social de la mayor parte de los ciudadanos. Los partidos políticos y constituyentes se concentraron en la sección de derechos, pero no pudieron instaurar una organización del poder para fundar una sociedad más proclive a la participación democrática. El sentido común constitucional mantiene que la expansión de los derechos experimentada en las Constituciones latinoamericanas debe ser garantizada por solidas instituciones democráticas que permitan la realización de las demandas sociales, y faciliten la participación de los ciudadanos en el gobierno y en el control de las instituciones políticas. El constitucionalismo tiene como objetivo central proteger a los ciudadanos mediante el reconocimiento, la expansión, de sus derechos y la garantía de su participación democrática mediante la limitación del centralismo y la restricción del ejercicio vertical o excesivo del poder. El dossier “Constitución políticas: crisis y cambio social” busca debatir estas aristas del (nuevo) periodo constitucional peruano, estudiándolo desde la teoría clásica del Estado Constitucional y los aportes del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Pretende responder a preguntas como ¿Existe en la actualidad un malestar por la Constitución? ¿Está abierto un proceso social-político que desemboque en el cambio o reforma sustancial de la Constitución? ¿Cuál debe ser el sentido y el contenido de un posible cambio constitucional?
Responsable: 
Pável H. Valer Bellota
Correo electrónico de contacto: 
Fecha límite: 
10-11-2022
Información ampliatoria: 

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